El 21 de enero de 1993, los gremios de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación gremial del magisterio de Entre Ríos
(AGMER), encabezaron la que tal haya sido la mayor movilización popular de la
historia reciente de la provincia. Su nivel de convocatoria solo puede ser
comparada con el multitudinario cierre de campaña protagonizado por Carlos
Menem en 1989 o con la concentración del día del trabajador de 2010 que contó
con la presencia del ex – mandatario Néstor Kirchner. Se sumaron, además, otros
gremios minoritarios y fuerzas políticas. Los organizadores estimaron una
concurrencia de entre 10 y 12 mil personas. El semanario Análisis (que hizo una
edición extra para dar cuenta del suceso) bajó la expectativa a unos 6 mil
asistentes. El Diario, sin dar cifras, mencionó que esa noche hubo “miles de
personas” en la marcha, que tuvo “ribetes multitudinarios”.
El radicalismo, que por entonces
aún era una fuerza con aspiraciones de poder, se puso en un lugar
preponderante, afirmado en que sus legisladores se habían opuesto al ajuste
durante la votación en diputados. La presencia del ex – gobernador Sergio
Montiel tuvo un ingrediente extra. Es que durante su paso por la Casa Gris , el extinto
caudillo tuvo una relación conflictiva con los agentes estatales, al extremo de
que llegó a cerrarles el acceso a la explanada a una convocatoria de los
maestros.
(…)
Frente a Casa de Gobierno, se dio
lectura a un documento suscrito por la “Asamblea
en Defensa de Entre Ríos y su pueblo”, en la que los manifestantes
expresaron que los despidos en la administración pública “redundarán en el achicamiento del mercado interno”, además de
deteriorar aún más las condiciones de salud, educación y vivienda. El escrito
expresaba a su vez algunos conceptos que, observados a la distancia, destilan cierta ingenuidad, como que las
políticas iban a repercutir en la seguridad dado que los policías “son trabajadores que igualmente se
perjudican con estas medidas”. Lejos de ello, la Policía cumplió en esa
instancia y en etapas sucesivas del ajuste, con esmero que supera lo netamente
profesional, su rol de fuerza represiva del Estado. También se denunciaba
también la “inmoralidad” de los
funcionarios que habían ingresado a la planta del Estado “gente por la ventana”
y que no eran capaces de rebajarse las dietas para evitar los despidos, cuando
ambas medidas son de un impacto financiero tan disímil que resulta ridículo
buscar punto de comparación, a no ser el efectismo de poner en contraste cuánto
es el ingreso de unos y de otros.
(…)
El paisaje de aquella noche
resultó casi dantesco. Los muñecos de Menem y Moine que habían sido quemados
frente a la explanada por integrantes del Frente del Sur aún ardían
tímidamente. Massarotti, que ofició de único orador, tomó el micrófono tras la
entonación del himno para agradecer a la gente que se había acercado y a las 40
entidades que rubricaron el documento. Y arremetió con una definición que, 20
años después, tiene una connotación significativa: “Hubo algunos para los que la dignidad humana fue más importante que
cualquier otra cosa. Incluso que las presiones partidarias. Por eso quiero
destacar al Pato Uribarri (escrito así en el original)”[i].
Urribarri fue la oveja negra de aquella Legislatura. Fue el único diputado
peronista que se opuso al programa de ajuste de la 8.706 y votó en contra
durante el debate del proyecto. En otro apartado analizaremos las
implicancias políticas de aquella decisión, que significó la apertura de una
grieta que se hizo rajadura años más tarde.
[i] Semanario Análisis. Nº 147.
Sábado 23 de enero de 1993. Pág. 10. El Diario, viernes 22 de enero de 1993.
Pág. 6.
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