La planta de agentes del Estado,
sumando los tres poderes e incluyendo los entes descentralizados y las empresas
públicas, había alcanzado en
El propio Informe contenía una
estimación de cuál hubiera sido el impacto de una medida de estas
características. “A efectos de analizar
el impacto de una reducción de esta naturaleza se considera conveniente
compararla con la población económicamente activa de Paraná y el conglomerado
urbano que es donde se concentra el empleo público provincial. El total de
reducción referido representa el 11 por ciento de dicha población y si se
adoptan las hipótesis de llegar a la dotación de 1983 se elevaría a 29 por
ciento”.
(…)
La recomendación inicial hecha en el Informe era comenzar
con medidas de costo cero para luego
recién apelara a los pases a disponibilidad y regímenes de retiro. El párrafo
concreto decía: “Seria conveniente fijar
metas anuales iniciando el proceso de achicamiento con la adopción de medidas
de costo cero que hagan menos atractiva y mas incómoda la vida laboral del empleo y
que su pérdida no signifique crisis de subsistencia dejando para último término
los regímenes de disponibilidad y retiro voluntario que suponen fuertes
erogaciones en concepto de indemnización”.
(…)
El Informe apuntó sus cañones
también sobre el sistema de control del trabajo público, al que consideró
deficiente en grado extremo. Para subsanar este problema, propuso crear un
Centro de Control del Gasto (CCG) “con amplia capacidad de intervención en los
temas de nombramientos, suplencias, liquidaciones, pagos y cumplimiento de los
servicios”. A primera vista, resultaba contradictorio que un estudio que
propone reducir el gasto público y achicar la administración pública, esgrima
la necesidad de crear otra dependencia. La cuestión se aclara más adelante: el
CCG estaría a cargo de una consultora externa. Y casualmente Héctor Domeniconi
y Armando Guibert, otro ex funcionario menemista, tenían por esos años una
empresa de consultoría dedicada a la reforma del Estado. El diario La Nación mencionó en su
edición del 12 de diciembre de 1996[i] que “Guibert trabajó junto a Domeniconi en una consultora que desde 1992 se
dedicó a asesorar en la reforma de estructuras administrativas en las
provincias. Entre los clientes se contaron los entonces gobernadores de Entre
Ríos, Mario Moine, y de Santa Fe, Carlos Reuteman. Luego hizo una tarea similar
en el Ministerio de Educación, entonces a cargo de Jorge Rodríguez”[ii].
[ii] Domeniconi y Guibert tenían
una estrecha relación. Produjeron además por esos años un par de documentos
sobre la transformación del Estado, publicados en el Boletín Informativo
Techint. Se trata de “Hacia un Estado
moderno: el programa de reforma administrativa”, de la edición 269 enero – marzo de 1992 y “La desregulación en Argentina: los primeros
pasos de su implementación”, de la edición 271 julio septiembre de ese
mismo año. En ambos, contaron con la colaboración de Ricardo Gaudio, otro ex
funcionario del último tramo del gobierno alfonsinista que luego hizo carrera
en el Estado.
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