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domingo, 14 de octubre de 2012

La empresa de energía: del achique a la venta

EPEER, la empresa provincial de
electricidad fue vendida en 1996

Dentro del análisis contenido en el segundo título “Situación estructural del sector público”, el Informe dedicaba un párrafo entero a analizar la situación de la Empresa provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer).
El informe concluía de manera directa: “Este conjunto de datos no hace más que reafirmar la necesidad de revisar el sistema de funcionamiento totalmente independiente de toda decisión de la autoridad central (en política de personal, de inversiones, de fijación de tarifas, etc.) exhibido por la empresa. Esto no se justifica ya sea que se lo mire desde las exigencias económico financieras de la provincia  como de la competitividad de los productores locales que deben pagar una alta tarifa fijada en condiciones monopólicas”.(…)
El nivel de personal, una obsesión permanente de los redactores del estudio, se había incrementado “a partir de 1983 en un 80% (de 820 a 1480 agentes)”. Esta expansión de la planta se hizo “privilegiando la incorporación de personal administrativo sobre el operativo. Se sobredimensionó además la incorporación de personal superior; actualmente Epeer cuenta con 25 gerencias”. (…)
A esto, añadía: “Los costos totales de la empresa crecen en un 93.2% lo que se agrava si se observa que la expansión de los costos operativos es de un 114% mientras que las inversiones sólo crecen un 14.2%”.
Siguiendo este razonamiento, propone:
- Centralización de las decisiones principales de la empresa de modo que los principales aspectos recién señalados cuenten con el acuerdo del Ministerio de Economía de la provincia.
-Diseño de un esquema de racionalización (dentro del cual se deberá contemplar la alternativa de la privatización de la empresa) que asegure el objetivo de recuperación de la productividad media física de la empresa de modo de poder operar a través de un nivel tarifario que permita la competitividad de los productores locales. Esto, asegurando las prestaciones indispensables para el aseguramiento de la infraestructura en materia de distribución energética.

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