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lunes, 1 de octubre de 2012

Capítulo 1 (Primera Parte)

Los acondicionadores de aire del tercer piso del Palacio de Justicia, donde están las dependencias del Superior Tribunal de Justicia, máximo organismo judicial provincial, seguían a pleno funcionamiento durante la mañana del 19 de febrero de 1993, pese a que los 24 milímetros de lluvia caídos en la víspera habían bajado los sofocantes 32 grados de temperatura de las jornadas anteriores a los agradables 28 de ese viernes paranaense. Con el sonido de los motores de la refrigeración ambiente de fondo, los integrantes de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del alto cuerpo declararon esa mañana la inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 8706, que había dispuesto 2.605 despidos de empleados estatales, quebrándole la muñeca al gobernador Mario Moine en una de sus apuestas más fuertes.
El viernes 11 de marzo de 1994, dos automóviles Renault 19 color oscuro se metían raudamente en el pavimento de la ruta nacional 12 con destino a Corrientes. Trasladaban a los operadores del recientemente privatizado Banco de Corrientes, que abandonaban definitivamente la plaza, dejando en manos del pool financiero capitaneado por Edmundo “Pilo” Muguruza el proceso de privatización del Banco de Entre Ríos.[i]
Un año después, varios frentes de edificios públicos y muros céntricos aparecieron decorados con grafitis con la leyenda “Fuera chilenos de Epeer”. Eran parte de la ofensiva que, en dos planos, llevaba adelante el sindicato de Luz y Fuerza: evitar la privatización de la compañía eléctrica provincial y, si este objetivo no se cumplía, hacer fuerza en pro de su propia oferta de compra, en la que se habían asociado con la Skoda checa.
A estos tres hechos aparentemente aislados los articula un mismo documento, redactado en 1992 y atribuido a Héctor Domeniconi, un funcionario del Gabinete de Carlos Menem que se desempeñaba en el Ministerio de Economía, cuya función era recorrer las provincias recomendando las políticas de ajuste y desguace del Estado. Si bien Domeniconi reconoció ante la consulta hecha para este trabajo que había armado esquemas de achicamiento de la administración pública en varias provincias, dijo no recordar puntualmente el de Entre Ríos. “No tengo presente el informe en particular. Se hicieron muchos, de manera genérica, por aquellos años, pero fue un trabajo orgánico del ministerio de Economía. Las provincias estaban fuertemente endeudadas, con grandes déficits y estábamos en plena hiperinflación”[ii], comentó. Sin embargo, el estudio, que se filtró a la prensa en noviembre de 1992, fue defendido públicamente por él en aquellos años. Por eso, al documento se lo conoció en estas tierras con su apellido deformado: el Informe Domenicone.



[i] El Diario. “Por los pasillos de la Casa Gris”. 17 de marzo. Pág. 8
[ii] Entrevista con el autor.

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