El Banco de Entre Ríos estrangulado

Juan Carlos Navarro, dirigente de la Asociación Bancaria

El dirigente de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro, detalla  cómo fue el proceso que llevó a la venta de la mayoría accionaria del Banco de Entre Ríos. (audio).

¿Cómo se entera usted de que el Gobierno de la provincia tenía intensiones de

transferir el Banco de Entre Ríos al capital privado?

En esa época ya había un antecedente con la privatización del Banco del Chaco, que

había sido cerrado por una cuestión de liquidez. Después se pudo reabrir, pero en ese

proceso de reapertura se trata ya una ley para la privatización. El Banco de Entre Ríos

tiene que haber sido el segundo, tercer banco privatizado, primero fue el de Corrientes.

Creo que esto pasa por una decisión política que se tomó. En ningún momento el

Gobierno tuvo la voluntad política de no privatizarlo. Creo que la presión del Ministerio

de Economía de la Nación era tan fuerte y las condiciones del banco a la vez no

ayudaban, y por lo tanto el Banco Central cerraba cualquier grifo para permitir una

iliquidez a los problemas que podría haber tenido el banco. Lo iba llevando y lo iba

obligando a una privatización.

Hubo presión desde el Ministerio y desde el Banco Central para que el Banco vaya

cayendo en una situación de iliquidez.

Exacto. Hubo todo una intención del Banco Central y del Ministerio de Economía para

que los bancos provinciales sean privatizados. A tal punto que cuando se aprueba la

voluntad de la privatización del Banco de Entre Ríos se solucionan un poco los

problemas que había en los atrasos de un mes en el pago de los jubilados y de los

empleados de la provincia, que hubo en el Gobierno de Moine. Cuando se aprueba la

privatización el banco de Entre Ríos dejó de tener problemas de si tenía plata para pagar

o no.

Un principio de justicia

Los tribunales provinciales se fueron atiborrando de causas iniciadas por los cesanteados que solicitaban volver a sus cargos. Los fallos de los jueces a las peticiones fueron disímiles, en honor a la disparidad de criterios que existe en la Justicia provincial por efecto o defecto, según quien lo mire, del sistema difuso de control de constitucionalidad vigente en el sistema judicial argentino.

(…)

La danza de expedientes judiciales iba a tener su fin cuando se pronunciara el Superior Tribunal de Justicia, sentando jurisprudencia. La decisión final iba a quedar en manos de Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Miguel Carlín. Los dos primeros habían sido nombrados vocales del STJ por el Senado a propuesta de Jorge Busti en su primera gobernación^[i]. La situación de Carlín era diferente. Luego de haber pasado por la Cámara de Senadores, su llegada al cargo fue a instancias de Moine y, cuando el expediente le llegó a despacho, llevaba apenas medio año en la vocalía^[ii].

El caso testigo se conoció como “Barcos de Ferro”, donde se agrupaban, en rigor, cuatro amparos que habían sido rechazados por la Jueza en lo Civil y Comercial de Villaguay, Graciela M. de Yeregui: el interpuesto en conjunto por Patricia Juana Barcos de Ferro y Humberto Queirós o Quiróz; el de María Elena Paredes; el de Darío Salvador Lencia y el de Bienvenido Córdoba.

En el análisis de estos casos, los tres vocales coincidieron en señalar la inconstitucionalidad del artículo 2º de la 8706, apartado en el que se disponía la autorización del Legislativo al Ejecutivo para que efectúe las 2.605 bajas en la planta de personal.

(…)

El cimbronazo en el Gobierno hizo aflorar diferencias intestinas. El vicegobernador Hernán Darío Orduna envió el lunes 22 de febrero, el primer día hábil tras el fallo del STJ, una nota a la Fiscalía de Estado, solicitando al titular del área, Julio Herrera, que evalúe si era conveniente allanarse a los decidido por el máximo tribunal y, llegado el caso, dictar una medida modificatoria o aclaratoria de la 8.706 o de algún decreto o resolución para la más eficaz defensa de los intereses del Estado^[iii].

El gobernador Moine intentó dar un salto hacia delante. “Habrá que ver qué pasa ahora en la Corte”, Suprema de Justicia de la Nación, aseguró en declaraciones a la emisora estatal LT14^[iv].

(…)

En el máximo tribunal, la causa ingresó el 10 de junio de ese año. Entre julio y octubre de 1994, el expediente circuló por los despachos de los ministros de la Corte, hasta que el 29 de noviembre, con los votos de Carlos Fayt; Augusto César Belluscio; Enrique Santiago Petracchi; Ricardo Levene (h) y Antonio Boggiano fueron sepultadas las expectativas del Gobierno de revertir en el fuero federal la decisión de la Justicia provincial. “El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible”^[v], indicaron los ministros al decidir sobre la admisibilidad del recurso, siguiendo lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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[i] Los decretos de designación de ambos son correlativos. A Chiara Díaz le correspondió el 2812 y a Carubia el 2813, ambos fechados el 16 de junio de 1988.

[ii] Carlín fue designado por decreto 2779, fechado el 21 de junio de 1992.

[iii] El Diario. 23 de febrero de 1993. “El gobierno confirmó…”. Pág. 6.

[iv] Página/12. 23 de febrero de 1993. “La Corte entrerriana falló contra los despidos”. Pág. 4

[v] Expediente B 260/1993. Corte Suprema de Justicia de la Nación.