Los tribunales provinciales se fueron atiborrando de causas
iniciadas por los cesanteados que solicitaban volver a sus cargos. Los fallos
de los jueces a las peticiones fueron disímiles, en honor a la disparidad de
criterios que existe en
(…)
La danza de expedientes
judiciales iba a tener su fin cuando se pronunciara el Superior Tribunal de
Justicia, sentando jurisprudencia. La decisión final iba a quedar en manos de
Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Miguel Carlín. Los dos primeros habían
sido nombrados vocales del STJ por el Senado a propuesta de Jorge Busti en su
primera gobernación[i]. La situación de Carlín era
diferente. Luego de haber pasado por la Cámara de Senadores, su llegada al cargo fue a
instancias de Moine y, cuando el expediente le llegó a despacho, llevaba apenas medio año en la vocalía[ii].
El caso testigo se conoció como
“Barcos de Ferro”, donde se agrupaban, en rigor, cuatro amparos que habían sido
rechazados por la Jueza
en lo Civil y Comercial de Villaguay, Graciela M. de Yeregui: el interpuesto en
conjunto por Patricia Juana Barcos de Ferro y Humberto Queirós o Quiróz; el de
María Elena Paredes; el de Darío Salvador Lencia y el de Bienvenido Córdoba.
En el análisis de estos casos,
los tres vocales coincidieron en señalar la inconstitucionalidad del artículo
2º de la 8706, apartado en el que se disponía la autorización del Legislativo
al Ejecutivo para que efectúe las 2.605 bajas en la planta de personal.
(…)
El cimbronazo en el Gobierno hizo
aflorar diferencias intestinas. El vicegobernador Hernán Darío Orduna envió el
lunes 22 de febrero, el primer día hábil tras el fallo del STJ, una nota a la Fiscalía de Estado,
solicitando al titular del área, Julio Herrera, que evalúe si era conveniente
allanarse a los decidido por el máximo tribunal y, llegado el caso, dictar una
medida modificatoria o aclaratoria de la 8.706 o de algún decreto o resolución
para la más eficaz defensa de los intereses del Estado[iii].
El gobernador Moine intentó dar un salto hacia delante. “Habrá que ver qué pasa ahora en la Corte ”, Suprema de
Justicia de la Nación ,
aseguró en declaraciones a la emisora estatal LT14[iv].
(…)
En el máximo tribunal, la causa
ingresó el 10 de junio de ese año. Entre julio y octubre de 1994, el expediente
circuló por los despachos de los ministros de la Corte , hasta que el 29 de
noviembre, con los votos de Carlos Fayt; Augusto César Belluscio; Enrique
Santiago Petracchi; Ricardo Levene (h) y Antonio Boggiano fueron sepultadas las
expectativas del Gobierno de revertir en el fuero federal la decisión de la Justicia provincial. “El recurso extraordinario, cuya denegación
origina esta queja, es inadmisible”[v],
indicaron los ministros al decidir sobre la admisibilidad del recurso,
siguiendo lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
[i] Los decretos de designación
de ambos son correlativos. A Chiara Díaz le correspondió el 2812 y a Carubia el
2813, ambos fechados el 16 de junio de 1988.
[ii] Carlín fue designado por
decreto 2779, fechado el 21 de junio de 1992.
[iii] El Diario. 23 de febrero de
1993. “El gobierno confirmó…”. Pág. 6.
[iv] Página/12. 23 de febrero de
1993. “La Corte
entrerriana falló contra los despidos”. Pág. 4
[v] Expediente B 260/1993. Corte
Suprema de Justicia de la
Nación.
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