Capítulo 3 (Segunda Parte)

El escenario del ajuste

Héctor Domeniconi, facsimil de El Diario.

El Informe contiene un compendio de acciones claves que debían tomarse para darle a la administración pública provincial la impronta de época en su configuración. En las páginas siguientes analizaremos los que consideramos los principales. Se trata de cuatro ejes: la privatización de la empresa de energía, la venta del Banco de Entre Ríos, la transformación del sistema educativo y el despido de personal, que estimamos fundamentales para comprender el proceso. En los párrafos finales, se adosarán puntos sueltos del Informe, que completan el panorama, pero que no llegan a representar, por sí mismos, unidades de análisis.

Antes de adentrarnos, conviene mencionar cuál es el panorama que presentaba el Informe. El primer capítulo del estudio, denominado “Situación financiera de la provincia”, mostraba un panorama desalentador: Entre Ríos estaba en quiebra. “La última revisión del presupuesto 1992 arroja un déficit primario de $ 167 millones, como resultado de ingresos por $ 749 millones y erogaciones por $ 916 millones. Este déficit alcanza, en consecuencia, una magnitud equivalente al 22% del total de recursos.

Dado que las previsiones presupuestarias sobre la necesidad de financiamiento del déficit ascienden a sólo $ 94 millones, la diferencia entre este importe y el déficit total, o sea $ 73 millones, no tendrá otra alternativa, que financiarse en forma forzosa. Esto es a través de la postergación de la atención de la mayoría de las obligaciones, independientemente de su necesidad y urgencia; hecho que ya ha comenzado a apreciarse en la actualidad”.

(…)

A partir de este escenario, el Informe sentaba la estructura de lo que debería hacerse para ajustar las cuentas. No era suficiente mejorar los ingresos provinciales (que, de hecho, empeoraron tras la firma del primer Pacto Fiscal), sino que había que apuntar a las erogaciones, las que presentaban cierta rigidez, como destacaba el texto. En efecto “si se toma como dada la estructura  financiamiento (recursos con afectación específica vs. recursos de libre disponibilidad) y el gasto actual en personal (incluidas las transferencias para atender el déficit de la Caja de Jubilaciones y los gastos en docentes privados) se llega a que sólo se puede actuar sobre el 8% de los gastos presupuestados”. Es decir, el ajuste tendría características simbólicas, pero no alcanzaría a contener la sangría. La respuesta se presentaba entonces, como algo evidente: “En consecuencia, cualquier política que pretenda ser exitosa en la reversión de la situación de virtual quiebra planteada, independientemente de los logros que pueda tener por el lado de aumentar los recursos de jurisdicción provincial, no podrá dejar de actuar sobre el gasto en personal en su conjunto^[i]”.

La mesa, pues, quedaba servida.

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[i] El subrayado me pertenece.