Marchan los estatales contra el ajuste. Asoma Urribarri

El 21 de enero de 1993, los gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación gremial del magisterio de Entre Ríos (AGMER), encabezaron la que tal haya sido la mayor movilización popular de la historia reciente de la provincia. Su nivel de convocatoria solo puede ser comparada con el multitudinario cierre de campaña protagonizado por Carlos Menem en 1989 o con la concentración del día del trabajador de 2010 que contó con la presencia del ex – mandatario Néstor Kirchner. Se sumaron, además, otros gremios minoritarios y fuerzas políticas. Los organizadores estimaron una concurrencia de entre 10 y 12 mil personas. El semanario Análisis (que hizo una edición extra para dar cuenta del suceso) bajó la expectativa a unos 6 mil asistentes. El Diario, sin dar cifras, mencionó que esa noche hubo “miles de personas” en la marcha, que tuvo “ribetes multitudinarios”.

El radicalismo, que por entonces aún era una fuerza con aspiraciones de poder, se puso en un lugar preponderante, afirmado en que sus legisladores se habían opuesto al ajuste durante la votación en diputados. La presencia del ex – gobernador Sergio Montiel tuvo un ingrediente extra. Es que durante su paso por la Casa Gris, el extinto caudillo tuvo una relación conflictiva con los agentes estatales, al extremo de que llegó a cerrarles el acceso a la explanada a una convocatoria de los maestros.

(…)

Frente a Casa de Gobierno, se dio lectura a un documento suscrito por la “Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su pueblo”, en la que los manifestantes expresaron que los despidos en la administración pública “redundarán en el achicamiento del mercado interno”, además de deteriorar aún más las condiciones de salud, educación y vivienda. El escrito expresaba a su vez algunos conceptos que, observados a la distancia,  destilan cierta ingenuidad, como que las políticas iban a repercutir en la seguridad dado que los policías “son trabajadores que igualmente se perjudican con estas medidas”. Lejos de ello, la Policía cumplió en esa instancia y en etapas sucesivas del ajuste, con esmero que supera lo netamente profesional, su rol de fuerza represiva del Estado. También se denunciaba también la “inmoralidad” de los funcionarios que habían ingresado a la planta del Estado “gente por la ventana” y que no eran capaces de rebajarse las dietas para evitar los despidos, cuando ambas medidas son de un impacto financiero tan disímil que resulta ridículo buscar punto de comparación, a no ser el efectismo de poner en contraste cuánto es el ingreso de unos y de otros.

(…)

El paisaje de aquella noche resultó casi dantesco. Los muñecos de Menem y Moine que habían sido quemados frente a la explanada por integrantes del Frente del Sur aún ardían tímidamente. Massarotti, que ofició de único orador, tomó el micrófono tras la entonación del himno para agradecer a la gente que se había acercado y a las 40 entidades que rubricaron el documento. Y arremetió con una definición que, 20 años después, tiene una connotación significativa: “Hubo algunos para los que la dignidad humana fue más importante que cualquier otra cosa. Incluso que las presiones partidarias. Por eso quiero destacar al Pato Uribarri (escrito así en el original)”^[i]. Urribarri fue la oveja negra de aquella Legislatura. Fue el único diputado peronista que se opuso al programa de ajuste de la 8.706 y votó en contra durante el debate del proyecto. En otro apartado analizaremos las implicancias políticas de aquella decisión, que significó la apertura de una grieta que se hizo rajadura años más tarde.

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[i] Semanario Análisis. Nº 147. Sábado 23 de enero de 1993. Pág. 10. El Diario, viernes 22 de enero de 1993. Pág. 6.

La reducción de personal

La planta de agentes del Estado, sumando los tres poderes e incluyendo los entes descentralizados y las empresas públicas, había alcanzado en 1992 a 51.622 personas. Ante esta situación, el Informe planteaba en primer lugar dos hipótesis: una de máxima y una de mínima. La primera, era “llegar a la planta de 1983 con aproximadamente 27.600 agentes, es decir 45% de reducción”. Frente a esta, postulaba una segunda alternativa, en la cual la reducción de personal se ubicaba en 15.457, contabilizando reducciones por privatizaciones (4.016 empleados); eliminación de personal transitorio exceptuado el 4% de educación (4.441) y “achicamiento de distintas áreas” (7 mil).

El propio Informe contenía una estimación de cuál hubiera sido el impacto de una medida de estas características. “A efectos de analizar el impacto de una reducción de esta naturaleza se considera conveniente compararla con la población económicamente activa de Paraná y el conglomerado urbano que es donde se concentra el empleo público provincial. El total de reducción referido representa el 11 por ciento de dicha población y si se adoptan las hipótesis de llegar a la dotación de 1983 se elevaría a 29 por ciento”.

(…)

La recomendación inicial hecha en el Informe era comenzar con medidas de costo cero para luego recién apelara a los pases a disponibilidad y regímenes de retiro. El párrafo concreto decía: “Seria conveniente fijar metas anuales iniciando el proceso de achicamiento con la adopción de medidas de costo cero que  hagan menos atractiva y mas incómoda la vida laboral del empleo y que su pérdida no signifique crisis de subsistencia dejando para último término los regímenes de disponibilidad y retiro voluntario que suponen fuertes erogaciones en concepto de indemnización”.

(…)

El Informe apuntó sus cañones también sobre el sistema de control del trabajo público, al que consideró deficiente en grado extremo. Para subsanar este problema, propuso crear un Centro de Control del Gasto (CCG)  “con amplia capacidad de intervención en los temas de nombramientos, suplencias, liquidaciones, pagos y cumplimiento de los servicios”. A primera vista, resultaba contradictorio que un estudio que propone reducir el gasto público y achicar la administración pública, esgrima la necesidad de crear otra dependencia. La cuestión se aclara más adelante: el CCG estaría a cargo de una consultora externa. Y casualmente Héctor Domeniconi y Armando Guibert, otro ex funcionario menemista, tenían por esos años una empresa de consultoría dedicada a la reforma del Estado. El diario La Nación mencionó en su edición del 12 de diciembre de 1996^[i] que “Guibert trabajó junto a Domeniconi en una consultora que desde 1992 se dedicó a asesorar en la reforma de estructuras administrativas en las provincias. Entre los clientes se contaron los entonces gobernadores de Entre Ríos, Mario Moine, y de Santa Fe, Carlos Reuteman. Luego hizo una tarea similar en el Ministerio de Educación, entonces a cargo de Jorge Rodríguez”^[ii].

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[i] http://www.lanacion.com.ar/173270-el-transporte-automotor-no-puede-salir-de-su-crisis

[ii] Domeniconi y Guibert tenían una estrecha relación. Produjeron además por esos años un par de documentos sobre la transformación del Estado, publicados en el Boletín Informativo Techint. Se trata de “Hacia un Estado moderno: el programa de reforma administrativa”,  de la edición 269 enero – marzo de 1992 y “La desregulación en Argentina: los primeros pasos de su implementación”, de la edición 271 julio septiembre de ese mismo año. En ambos, contaron con la colaboración de Ricardo Gaudio, otro ex funcionario del último tramo del gobierno alfonsinista que luego hizo carrera en el Estado.

Asencio: Domenicone, un duro

Fragmentos de la entrevista realizada a Blas Asensio, ministro de Economía de Mario Moine. (Audio)

¿Con qué se encontró cuando llegó? Porque la situación de la provincia ya era difícil.

Blas Asencio, ex ministro de Economía

Era difícil. Nosotros nunca tuvimos los fondos suficientes para desarrollar la economía. Había atrasos en el pago de los sueldos, el grueso de la gestión estaba en obtener fondos normalmente para cubrir las cargas inmediatas de la administración pública, que es pago de sueldos y los servicios que presta el Estado. Eso nos ocupaba mucho tiempo, mucho. Felizmente pudimos hacer lo que llamábamos la definición de los vectores del crecimiento de la provincia que quedaron como marca y que de hecho se han ido dando: el motor avícola, el motor agrario, el motor turístico.

¿Y cómo llegan a esta idea de realizar una evaluación general para hacer una transformación del Estado como la que se planteaba en el informe?

Yo no me acuerdo muy bien del informe Domenicone. Él estuvo un tiempo, vino acá, mandaba técnicos, era como una corriente nacional. El objetivo era adecuar el Estado a la realidad de las finanzas públicas. Se pudo hacer poco en ese sentido y se cometieron muchas equivocaciones. Reestructurar el Estado es muy, muy pesado.

Eso de meter la pata ¿se iban dando cuenta en el momento?

Después. Uno paga las consecuencias de errores, hay que decirlo. No tendría que haberse hecho, pero bueno, se hizo.

¿Cuál fue puntualmente el rol de Domenicone?

Domenicone tenía mucho peso en el área de Cavallo. Los informes Domenicone tenían peso para Cavallo. Y por lo tanto en la habilitación de fondos nacionales que llegaban a la provincia. O sea: si vos incumplías con determinada cosa, otras cosas no las recibías. Es la dependencia de los gobiernos provinciales a los fondos nacionales que tienen distintas vertientes.

¿Usted lo conoció?

¿A Dominicone? Sí. Una vez o dos veces estuve con el. Era duro, era de las personas duras. A nivel provincial había otra manera de ser, incluso en el trato con el personal, el trato con la gente.

La educación como servicio

Diez de las 55 páginas del Informe, estuvieron destinadas a analizar y a proponer reformas sobre el sistema educativo provincial. Esto no es casual: como el mismo relevamiento señalaba, para realizar un ajuste de la magnitud que se proponía para la provincia, debía considerarse “con atención” al sector educativo. Allí estaba el 34%, a niveles de 1992, de los agentes públicos provinciales. Debe tenerse presente que, por esos años, se estaba completando la transferencia de la educación de la Nación a la Provincia. Desde 1991, el Estado provincial pagaba los sueldos a los maestros de escuelas públicas que iban a ser traspasadas. En el presupuesto 1992 a este renglón se destinaron 37,4 millones de pesos, según la cita del propio Informe (…)

El Informe construyó primero un escenario donde existían tres variables que confluían para reformar el sistema educativo entrerriano, a fin de ajustarlo a los criterios del modelo económico social que se buscaba implementar. El primero era un reajuste de la currícula educativa, el segundo era la estructura de la planta de personal y el tercero la readecuación de la composición del plantel docente. En el primer caso, se proponía una reducción de los contenidos educativos; en el segundo un achicamiento de la cantidad de docentes y en el tercero una transformación del sistema de suplencias, licencias y adscripciones.

A la restricción de contenidos educacionales, el Informe la tomaba como una variable a la que daba el pomposo nombre de “Estructura curricular de definición de plantas funcionales”. Se sustentaba en el siguiente cálculo, que transcribimos en su totalidad:

Si se analiza la estructura horaria de un primer grado del nivel primarios se advierte que sobre 25 hs. semanales de clase, la enseñanza de la lengua ocupa sólo el 24% de la carga horaria, cuando la importancia de la lecto – escritura determina el fracaso o el éxito en los años subsiguientes del nivel, como contrapartida otro 24% de la carga horaria es desempeñada por maestros complementarios.

De este ejemplo se infiere que:

El docente responsable del currículo básico, sólo atiende a sus alumnos el 76% de su carga horaria.

Como el costo salarial de estos servicios complementarios es más caro, la prestación se encarece un 40%^[i].

Este esquema se repite a lo largo de los siete años de escolaridad y si se toma como la hipótesis un 25% de desgranamiento, el requerimiento para el financiamiento sobre la prestación básica se ha aumentado aún más.

(…)

Como corolario de esta evaluación, el Informe proponía medidas y detallaba un programa de reformas.

-       De cortísimo plazo

·      No se cubrirán las suplencias de maestros especiales de los niveles inicial y primario común hasta el 31 de diciembre de 1992.

·      Dejar sin efecto las comisiones de servicio y/o adscripciones del personal docente en todas las modalidades y niveles.

·      Se suspende hasta el 31 de diciembre de 1992, el otorgamiento de traslados interjurisdiccionales del personal docente de la provincia.

(…)

-       De corto plazo

·      Se declaran caducas al 31 de diciembre de 1992, todos los nombramientos de personal suplente a término fijo y en cargo vacante.

·      Crear una comisión técnica que tendrá por misión revisar la normativa vigente sobre el diseño y administración de las plantas orgánico – funcionales, con el objetivo de dar mayor eficiencia a la relación alumnos docentes.

(…)

-       De mediano plazo

·      Congelar por ciento ochenta días, toda “experiencia de innovación educativa” que implique mayores innovaciones presupuestarias a las prestaciones tradicionales^[ii].

·      No se extiende al ciclo superior la experiencia de innovación en curso.

(…)

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[i] El subrayado me pertenece.

[ii] En el Informe Domenicone, esta medida no está clasificada ni como I, ni como II ni como III, pero estimamos conveniente colocarla dentro de la categoría III por estar incluida en el original en medio de las medidas de corto plazo.

Un banco sin banca

Sede histórica del Banco de Entre Ríos, en Monte Caseros y
25 de Mayo, Paraná.

El capítulo VII del Informe estuvo dedicado a analizar los números del Banco de Entre Ríos y, a su vez, a formular la estrategia de acción. El primer número impactaba: el déficit económico proyectado para el mes de agosto de 1992 era de 1,3 millones de pesos, es decir, el 5% del patrimonio neto de la entidad.

El estudio ponía el acento en la mala política crediticia de la institución financiera provincial a la hora de encontrar las causas de la debacle. “La cartera irregular, es el principal causante del problema económico y representa el 50% del total de la cartera de crédito actualizada. Basta decir que el lucro cesante del 20% de esos 156,0 M de incobrables, a la tasa de interés estimada, casi llega a la cifra de la pérdida mensual”. (…)

A la hora de entrar en las conclusiones, se estableció que “si bien parece haber, por lo expuesto, un mejoramiento de la situación”, las “soluciones” tenían que pasar por una serie de medidas que se enumeraban de la siguiente manera:

1)       Disminución de la Cartera Crediticia Irregular, en un 20% por lo menos, en el corto plazo: ESTRATEGIA PRIORITARIA (con mayúsculas en el original).

2)       Acentuar el crecimiento de los Ingresos por Servicios, para tender a que estos puedan cubrir los Gastos de Administración.

3)       Venta de Inmuebles innecesarios.

4)       Disminución del costo operativo (de personal y de otros gastos).

5)       Mejora del rendimiento financiera, en base a la disminución del costo de los depósitos a plazo y de los préstamos interbancarios captados:

-       va a ayudar la colocación de Obligaciones Negociables, que se están gestionando.

-       Y el eficiente otorgamiento del crédito, recortando, al mismo tiempo, cartera que no tenga rendimiento marginal positivo.

6)       Un diagnóstico exhaustivo y la elaboración de un plan de acción consecuente, para lo cual podrían utilizarse recursos del Crédito Provincias I, que entre sus destinos de utilización, prevé la contratación de consultoras externas.

Salgamos por un momento del Informe y veamos el caso del BER. La única oferta económica por el Banco de Entre Ríos correspondió al consorcio de Bancos conformado por el Banco Institucional, el Banco Institucional, el Cooperativo del Este y el Banco Municipal de Paraná. El presupuesto oficial era de 13,5 millones de pesos, pero el ofrecimiento del consorcio de entidades locales superó esa cifra: el pool de bancos estaba dispuesto a pagar 15,1 millones de pesos por el 60 de las acciones del Entre Ríos, aunque sujeto a una serie de condicionantes.

El estado de las finanzas públicas era, por entonces, más que complicado. (…)

Para afrontar la coyuntura, el Estado provincial salió a pedir plata. En rigor, el Gobierno tomaba fondos del Banco de Entre Ríos, que era el que se vio obligado a requerir asistencia financiera a otras instituciones financieras de plaza. (…)

Entre enero y junio, el Banco de Entre Ríos tomó cuatro préstamos por un plazo no mayor a 40 días a fin de financiar gastos corrientes del Estado^[i], como el pago de sueldos de activos y pasivos. La mayoría de estos empréstitos fueron otorgados por las entidades bancarias que querían hacerse con el control del banco estatal (…)

Las cifras son lapidarias: el Estado recibió sólo $ 9.060.000 de los 15 millones comprometidos por el 60% del banco y tuvo que afrontar pasivos ocultos por valor de $ 15.848.815 a 1998, garantizar créditos por $ 25.569.951,01 y pagar un canon, hasta ese mismo año, de $ 21.456.300 a lo que debe sumarse la danza loca de una carta de crédito emitida en 1992 por valor de otros 25 millones de dólares (que ameritaría en sí todo un capítulo, pero no es el objeto de este estudio) que generó alta conflictividad legal, incluso con litigios judiciales en dos estados norteamericanos.

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[i] Por ley 8191, del 28 de marzo de 1989, la Legislatura autorizó al Banco de Entre Ríos a conceder préstamos al Gobierno por hasta un máximo del 20% del capital integrado del banco y otro de carácter rotativo por hasta el 15% de lo percibido por la Provincia en concepto de coparticipación federal. Debían ser devueltos dentro de los 180 días posteriores.

La empresa de energía: del achique a la venta

EPEER, la empresa provincial de
electricidad fue vendida en 1996

Dentro del análisis contenido en el segundo título “Situación estructural del sector público”, el Informe dedicaba un párrafo entero a analizar la situación de la Empresa provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer).

El informe concluía de manera directa: “Este conjunto de datos no hace más que reafirmar la necesidad de revisar el sistema de funcionamiento totalmente independiente de toda decisión de la autoridad central (en política de personal, de inversiones, de fijación de tarifas, etc.) exhibido por la empresa. Esto no se justifica ya sea que se lo mire desde las exigencias económico financieras de la provincia  como de la competitividad de los productores locales que deben pagar una alta tarifa fijada en condiciones monopólicas”.(…)

El nivel de personal, una obsesión permanente de los redactores del estudio, se había incrementado “a partir de 1983 en un 80% (de 820 a 1480 agentes)”. Esta expansión de la planta se hizo “privilegiando la incorporación de personal administrativo sobre el operativo. Se sobredimensionó además la incorporación de personal superior; actualmente Epeer cuenta con 25 gerencias”. (…)

A esto, añadía: “Los costos totales de la empresa crecen en un 93.2% lo que se agrava si se observa que la expansión de los costos operativos es de un 114% mientras que las inversiones sólo crecen un 14.2%”.

Siguiendo este razonamiento, propone:

- Centralización de las decisiones principales de la empresa de modo que los principales aspectos recién señalados cuenten con el acuerdo del Ministerio de Economía de la provincia.

-Diseño de un esquema de racionalización (dentro del cual se deberá contemplar la alternativa de la privatización de la empresa) que asegure el objetivo de recuperación de la productividad media física de la empresa de modo de poder operar a través de un nivel tarifario que permita la competitividad de los productores locales. Esto, asegurando las prestaciones indispensables para el aseguramiento de la infraestructura en materia de distribución energética.

Lavini: la educación unidimensional

Clelia Lavini era la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) durante el mandato de Mario Moine 1991/1995. (Audio).

El  informe Domenicone mencionaba en un apartado, sin ningún basamento pedagógico, que en los primeros años de la enseñanza había que reforzar materias como lengua y matemática y dejar de lado otras como la música, la plástica o actividades complementarias porque además eso permitía ahorrar el maestro de enseñanza especia.

Eso que planteaba Domenicone y que pretendían hacerlo en algunas provincias, en Entre Ríos no se dio, acá no quedaron afuera docentes de música, de educación física o de plástica. Eso fue una gran discusión, ahora que me lo recordás, porque se desviaba lo que era la educación integral, pensando que con reforzar en cantidad de horas la matemática y la lengua iban a tener mejor calidad; pero también había otra intencionalidad. Vos sabés que hubo una época que decían que los niños no debían repetir ¿Por qué era esto? Porque el Banco Mundial daba préstamos y se debía dar a fin de año la famosa evaluación de la calidad, que tenía que dar tales resultados que justificaran la inversión que había hecho o el BID o el Banco Mundial para la reforma educativa.

¿Y en algún lado se llego a dar esta experiencia de reducir las materias especiales como  plástica, música, educación física?

A mí me parece que en las provincias del noroeste, como Chaco y Formosa, que tenían más necesidades del aporte económico. No sé si cedieron tanto, pero sí redujeron horas.

Durante el mandato de Moine ¿fueron habituales los paros?

Eran muy masivos. No eran tan habituales pero cuando se organizaba una medida de fuerza, se buscaba con consenso y había un acatamiento impresionante.

Si usted estuviera frente a un grupo de estudiantes, de jóvenes, y le tuviera que hacer una semblanza de aquellos años, de aquel momento, ¿por dónde empezaría, qué puntos resaltaría?

Hoy día frente a los jóvenes explicarle cómo se vivió aquel momento y qué significó sería fácil, porque ese tiempo es como un gran paréntesis, donde nosotros podríamos mostrar la diferencia ideológico entre el neoliberalismo y lo que vivimos hoy. Entonces por comparación sería muy fácil explicarles, me parece a mí, a los jóvenes qué significa mirar la educación como una mercancía o mirarla como un bien social. Qué pasó con la educación como mercancía, cómo los docentes se tuvieron que acostumbrar a un lenguaje empresario cuando hablábamos de gestión, de eficiencia, de eficacia, de resultados. Hablábamos en términos economicistas, perdiendo de vista que la educación como un bien social.

Nunca podemos hablar generalizando la eficiencia, porque nosotros trabajamos con chicos, con alumnos, y la eficiencia depende del rendimiento que podamos lograr de ese niño individual y dentro de lo colectivo. Y por el otro lado en la educación no se puede pensar en el individualismo, porque la educación pierde su esencia. Y no te olvides que uno de los postulados del neoliberalismo es el individuo, el bienestar del individuo que pierde totalmente la conciencia de lo social; y en educación eso realmente es una contradicción, donde uno trabaja por lo solidario, trabaja por la comunidad, trabaja por el conjunto. Ahora, en algunas cabezas  entró el individualismo y la competencia, por la competencia misma, porque en ese tiempo no te llevaba a la mirada colectiva de la escuela, sino a la mirada individual.

Carlín: la Justicia y la calle

Miguel Carlín, ex vocal de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, que tuvo a su cargo la resolución, en última instancia, de los amparos presentados contra el artículo de la 8.706 que disponía los despidos de agentes públicos (audio).

Miguel Carlín, ex vocal del STJ

 ¿Qué recuerdos tiene de aquellos días, como integrante de la cabeza de uno de los poderes del Estado?

Fue un impacto muy fuerte porque tuvo aristas muy conflictivas el dictado de la ley 8.706, que se dio en condiciones de conflictividad sindical. Entran a aparecer los amparos que llegaron a conocimiento de la Sala. El primero fue uno que tenía origen en Villaguay, Barcos de Ferro, que tenía varios acumulados. Lo que se dio allí (en la ley), y lo advirtió muy bien Daniel Carubia, que tuvo el primer voto, al que adherimos con Carlos Chiara Díaz, era que se había violentado al viejo artículo 17 de la Constitución provincial del ’33, hoy artículo 45, que de una manera más tajante y eficaz que el 76° de la Constitución nacional, prohíbe la delegación legislativa a otro poder.

Usted mencionó la alta conflictividad social que existía. Más allá de la imparcialidad del fallo de los jueces ¿Termina metiéndose eso por la ventana a la hora de decidir?     

Un Juez no puede decir “yo soy totalmente aséptico”. Recepciona. Pero una manifestación, gritos a favor de una u otra postura, no hacen cambiar la interpretación de una norma. Puede tener sí impacto decir que los afectados no fueron uno o dos empleados públicos, era un número plural importante. Marca eso una trascendencia no solo jurídica sino hasta social del conflicto.

Entrevista a Mario Moine

Hubo dos hechos que acontecieron durante su gobierno que impactaron en las cuentas públicas. Uno fue la transferencia de servicios y el otro fue los pactos fiscales. ¿Cómo impactó esto en la estructura financiera del estado provincial?

A mí me resultó muy atractivo que de repente todo el sistema educativo nacional pasara a nuestra dependencia. Basta recordar que para el 40% de las escuelas, donde funcionaba tanto la primaria como secundaria, dependíamos de un supervisor que venía de Buenos Aires que no tenía la más mínima idea de la provincia de Entre Ríos. Entonces cuando nos hablan de pasar bajo nuestra responsabilidad, por supuesto que dijimos que sí. Pero detrás de ese sí, después dijeron que el tema del presupuesto lo iban a ver y cuando acordamos después de tres o cuatro meses fue sin la herramienta económica. Y mientras tanto nosotros habíamos aceptado abiertamente el manejar la educación, porque tenía todo un sentido federal. Así que de alguna forma Cavallo fue muy pícaro; ofreció la zanahoria. Por supuesto, tenía todo un sentido de federalismo eso, pero después no fue acompañado por el presupuesto correspondiente. De todas maneras en ese momento la economía estaba andando bien, estaban entrando muy buenos recursos de coparticipación entonces de alguna manera uno lo podía llevar.

Posteriormente a que acepté firmar el pacto fiscal entonces llegó a la provincia de Entre Ríos la ruta 127, que fue muy importante, ya que une Monte Caseros con Federal; la aceptación de declarar de interés nacional la Ruta 14; la decisión de declarar de interés la construcción del Puente Victoria-Rosario y después llegó la decisión de la reconstrucción de la ruta que unía Cerrito con La Paz, que estaba destruida. De tal forma que, si cabe la expresión, al ceder y firmar el pacto fiscal cobré en mucha inversión en las rutas de la provincia de Entre Ríos que en el 91 estaban casi todas destrozadas.

Capítulo 3 (Segunda Parte)

El escenario del ajuste

Héctor Domeniconi, facsimil de El Diario.

El Informe contiene un compendio de acciones claves que debían tomarse para darle a la administración pública provincial la impronta de época en su configuración. En las páginas siguientes analizaremos los que consideramos los principales. Se trata de cuatro ejes: la privatización de la empresa de energía, la venta del Banco de Entre Ríos, la transformación del sistema educativo y el despido de personal, que estimamos fundamentales para comprender el proceso. En los párrafos finales, se adosarán puntos sueltos del Informe, que completan el panorama, pero que no llegan a representar, por sí mismos, unidades de análisis.

Antes de adentrarnos, conviene mencionar cuál es el panorama que presentaba el Informe. El primer capítulo del estudio, denominado “Situación financiera de la provincia”, mostraba un panorama desalentador: Entre Ríos estaba en quiebra. “La última revisión del presupuesto 1992 arroja un déficit primario de $ 167 millones, como resultado de ingresos por $ 749 millones y erogaciones por $ 916 millones. Este déficit alcanza, en consecuencia, una magnitud equivalente al 22% del total de recursos.

Dado que las previsiones presupuestarias sobre la necesidad de financiamiento del déficit ascienden a sólo $ 94 millones, la diferencia entre este importe y el déficit total, o sea $ 73 millones, no tendrá otra alternativa, que financiarse en forma forzosa. Esto es a través de la postergación de la atención de la mayoría de las obligaciones, independientemente de su necesidad y urgencia; hecho que ya ha comenzado a apreciarse en la actualidad”.

(…)

A partir de este escenario, el Informe sentaba la estructura de lo que debería hacerse para ajustar las cuentas. No era suficiente mejorar los ingresos provinciales (que, de hecho, empeoraron tras la firma del primer Pacto Fiscal), sino que había que apuntar a las erogaciones, las que presentaban cierta rigidez, como destacaba el texto. En efecto “si se toma como dada la estructura  financiamiento (recursos con afectación específica vs. recursos de libre disponibilidad) y el gasto actual en personal (incluidas las transferencias para atender el déficit de la Caja de Jubilaciones y los gastos en docentes privados) se llega a que sólo se puede actuar sobre el 8% de los gastos presupuestados”. Es decir, el ajuste tendría características simbólicas, pero no alcanzaría a contener la sangría. La respuesta se presentaba entonces, como algo evidente: “En consecuencia, cualquier política que pretenda ser exitosa en la reversión de la situación de virtual quiebra planteada, independientemente de los logros que pueda tener por el lado de aumentar los recursos de jurisdicción provincial, no podrá dejar de actuar sobre el gasto en personal en su conjunto^[i]”.

La mesa, pues, quedaba servida.

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[i] El subrayado me pertenece.